LOMCE 20xx PP
Ley de artículo único sin cambios radicales en su
estructura.
• Encontrar
aspectos que hemos encontrado hoy. Análisis
• Principios
generales: antes del articulado.
• Buscar
cambios en E.P si hubiese.
• Buscar
críticas al anteproyecto y fundamentarlas en el articulado.
Estos son los 10 cambios claves que supone la séptima
reforma educativa desde la democracia:
1. Primacía del castellano: adiós a la inmersión
lingüística
El Gobierno español determina los contenidos y horas
lectivas de la asignatura de Lengua Castellana, que es considerada troncal. El
Euskera es relegado a la condición de materia de especialidad (al mismo nivel
que Educación Física, por ejemplo).
Se elimina de facto la inmersión lingüística, presente en
Euskadi desde hace más de 30 años, ya que se establecen un mínimo de
asignaturas a impartir en los dos idiomas.
2. Centralización: más control del Ministerio
Las comunidades autónomas solo podrán decidir los
contenidos y horarios de las asignaturas llamadas de especialidad (Educación
Física, Plástica, Música...) y las de las lenguas cooficiales, en este caso el
Euskera. Es el Gobierno central quien decide sobre las asignaturas troncales
(Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias o Idioma Extranjero), es decir, entre
el 65 y el 75% de los contenidos (65 % en las comunidades con lenguas
cooficiales como Euskadi).
El actual sistema educativo vasco, alabado por el propio
Wert por sus bajas cotas de fracaso escolar, no ha sido tenido en cuenta, según
denuncia el Gobierno Vasco y la comunidad educativa vasca.
Curiosamente, el mayor coste de implantación de la
reforma corre a cargo de las comunidades autónomas. El Gobierno central asume
el coste de la implantación de la norma, y las comunidades, el de la fase de
consolidación.
3. Peso de la religión católica
La asignatura de Religión pasa a una materia de
especialidad, que contará para la nota media y se equiparará en horas a la
media del resto de materias. Se atiende así a una petición histórica de la
Iglesia Católica, ante la caída de un 10% de las matriculaciones.
La Educación para la Ciudadanía deja de existir y se
establece una alternativa a la Religión: Valores culturales y sociales en
Primaria, y Valores éticos en Secundaria.
4. Reválidas y evaluaciones continuas
La Selectividad desaparece y se establecen varias
evaluaciones o reválidas externas (estas
últimas, necesarias para pasar de curso, solo en el caso de la ESO y el
Bachillerato) al término de cada ciclo.
Las universidades también podrán hacer pruebas acceso.
5. FP: Segregación del alumnado
El acceso a la FP se adelanta, los alumnos que, según los
profesores, no tengan posibilidades de avanzar en la ESO, accederán a un nuevo
ciclo con 15 años (Formación Profesional Básica). Sin embargo, este primer
ciclo no dará acceso directo a la Formación Secundaria Secundaria, y los
alumnos que quieran realizarla deberán pasar un examen. Esta segregación del
alumnado, entre "buenos y malos", ha sido muy criticada por la
comunidad educativa, que denuncia que se pretende acabar con el fracaso escolar
con "mano dura".
Asimismo, se abre la puerta a establecer rankings de
centros educativos, que hasta ahora estaban prohibidos para evitar que los
colegios compitieran entre sí.
6. Escuela menos participativa
El peso del Consejo escolar (formado por todos los
agentes de la comunidad educativa: profesores, alumnos, padres y madres,
sindicatos...) pasa a ser puramente consultivo, perdiendo así la fuerza que
tenían estos colectivos en la toma de decisiones y organización.
La toma de decisiones se centraliza ahora, casi en su
totalidad, en la figura del director y el equipo educativo.
7. Refuerzo del papel del director
Los directores de centros serán designados por el
Gobierno, ya que tendrán que pasar un proceso de formación y deberán estar
acreditados. Se aumenta, de este modo, el control institucional de los centros.
La consecuencia indirecta de esta decisión es la pérdida de peso del Consejo
Escolar, que hasta ahora participaba en la elección del director.
Los directores podrán contratar directamente a
profesores, sin que la oposición sea obligatoria.
8. Condiciones de los funcionarios
Las condiciones laborales del profesorado también
cambiarán. La LOMCE se reserva el derecho a cambiar el destino y la función de
los funcionarios. Asimismo, se aumenta el horario lectivo del profesorado.
Además, el ratio de alumnos por aula se eleva un 10 %.
9. Comunidad educativa: sin debate ni consenso
El rechazo a la Ley es unánime por parte de todos los
sectores. Sindicatos, asociaciones de padres y madres y de alumnos asociaciones
de la red pública, de la concertada y de las ikastolas, todos, han dejado al
lado sus diferencias para unirse contra la Ley. Según denuncian, la reforma no
ha sido ni debatida ni consensuada con la comunidad educativa.
10. Centros concertados
Se prolonga el periodo para renovar los conciertos: de un
máximo de 4 a un mínimo de 6 años en Primaria y cuatro años en Secundaria.
Además, las administraciones deberán tener en cuenta la "demanda
social" a la hora de programar el reparto de plazas, es decir, si hay
padres que prefieran llevar a sus hijos a la escuela concertada en vez de a la
pública.
CRITICAS HACIA LA LOMCE
Una ley sin justificación. No se acompaña de análisis rigurosos acerca del
sistema educativo vigente; de sus puntos fuertes y débiles y, por tanto del
porqué de las medidas que sería más conveniente proponer a debate para
mejorarlo.
Una ley partidista. Se da por sentado que se comparten los prejuicios que el PP tiene
acerca de lo que acontece en las aulas y, por tanto son estos los que guían las
medidas que se pretenden imponer con rango de Ley. Se trata de educar
exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP.
Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar ciudadanas y
ciudadanos por el de mano de obra para el mercado laboral. Lo que explica que,
entre otras cosas, se elimine la educación para la ciudadanía y se sustituya
por un adoctrinamiento en el que “se eliminan del currículum todos los temas
conflictivos”, según expresión del propio José Ignacio
Wert, o sea, se impide una
educación reflexiva y crítica.
Una ley neoliberal, destinada a mercantilizar aún más el sistema educativo y a reorientar
los objetivos de la educación para ponerlos al servicio de las reglas del
mercado neoliberal.
Numerosas medidas que
contempla la ley tienen como finalidad encubierta promover mayores cotas de
privatización del sistema educativo.
Es también una ley que trata de justificar los recortes
económicos con los que el PP viene castigando al sistema educativo: recorte en
la partida destinada a becas, a la par que endurece los requisitos que debe
cumplir cada estudiante para acceder a una beca; recortes en las plantilllas de
profesorado, en los recursos destinados a los centros;incremento de las ratio
profesorado - alumnado, ...
Una ley cínica,
con un discurso que trata de desviar las miradas y culpar al sistema educativo
de males que son consecuencia de un mundo empresarial ineficiente y de unos mercados
financieros corruptos. No es justo que el texto del anteproyecto de LOMCE
comience con un párrafo tan mercantilista, asumiendo como prioridad de la
educación la promoción de la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad
de un país. Obsesionando a los centros educativos con una educación para
“competir con éxito en la arena internacional” ¿Dónde están los datos que digan
que hay empresas que tuvieron que cerrar o no abrirse porque no encontraban
aquí personal con la suficiente cualificación profesional?
Por el contrario estamos a
la cabeza de Europa en cuanto a jóvenes trabajando con sobrecualificación.
Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase social y etnia a partir de los
catorce años, al rebajar la comprehensividad a los 14 años de edad, al igual
que la LEG de 1970.
Segregadora también por
estimular a los centros a especializarse curricularmente (centros bilingües, de
excelencia, ...); por no asegurar la etapa 0-3 de Educación Infantil como
educadora, convirtiéndola en asistencial.
Es clasista, pues se
recurre a un peligroso concepto de “talento”, intentando culpar a la genética
del clasismo y racismo que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los
intereses, capacidades y destrezas humanas son el resultado del contexto y de
las condiciones en el que las personas vivimos.
Es, por tanto, una ley destinada
a expulsar del sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos,
cuyos “talentos” se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.
Una ley sexista,
al permitir colegios segregados por sexo, aduciendo una declaración de la UNESCO
de 1960 e ignorando convenciones posteriores aprobadas por la ONU y sentencias del
tribunal constitucional.
Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las competencias de las
Comunidades Autónomas. Una característica que subraya también el ideario
absolutamente centralista del Partido Popular.
Una ley al servicio de los intereses de la OCDE,
destinada a mejorar exclusivamente en los tests de PISA, reduciendo por tanto
el número y las horas de las restantes materias imprescindibles para educar una
ciudadanía democrática, justa y solidaria. No abre la más mínima posibilidad de
debate acerca de la cultura básica (asignaturas, contenidos, procedimientos, valores)
que el sistema educativo debería ofrecer a todo el alumnado. No se apuesta por una
actualización de los contenidos con los que trabajar en las aulas, de cara a
hacerlos más actuales, relevantes, significativos y motivadores para el
alumnado.
Una ley que desconfía del profesorado, de ahí la obsesión por las
evaluaciones externas y reválidas. Además de imponer los contenidos y
competencias obligatorias, se dictan indicadores de rendimientos y se evalúan
externamente, al tiempo que es la Administración quien controla y decide la elección
de las direcciones de los centros.
Una ley anti-educación, pues entre otras muchas cosas, se distorsiona la
filosofía de la evaluación al especificar con rotundidad en el texto del
anteproyecto que lo que importa son los output (calificaciones del alumnado) y
no los input (inversiones, contextos socioculturales del alumnado, recursos y
dotaciones, ...). Igualmente, se impone como instrumento decisivo para evaluar
al alumnado la filosofía de los tests de lápiz y papel; algo que entra en
contradicción con los modelos de evaluación más cualitativos y formativos que
vienen siendo objeto de utilización en las últimas décadas en el ámbito de la
educación.
Una ley autoritaria, que pretende imponer el PP al precio que sea, de ahí que no dejen
espacio real para participar en el debate a aquellas asociaciones profesionales,
sindicatos, partidos políticos, docentes, estudiantes, asociaciones de madres y
padres, ONGs, ... interesadas por la educación. La única opción que deja
abierta el PP es un pseudo-debate a través de la web del MECD.
VENTAJAS DE LA LOMCE
-
Esta ley intenta
solucionar uno de los principales problemas que existen, el alumnado carece de
estímulos para esforzarse a aprender.
La
LOMCE intenta conseguir de la mejor manera posible evaluaciones de externas.
Dichas evaluaciones deben de ser superadas para obtener el título y así poder
acceder a la etapa siguiente. En 2º de Bachillerato podemos apreciarla
actualmente. Los alumnos se esfuerzan más que en cursos anteriores para poder
tener una nota alta que le de acceso a la universidad.
-
En el
anteproyecto de esta ley se establece que la evaluación externa al final de
Primaria no tendrá un valor académico, es decir, que no impedirá pasar a la
ESO.
-
Es un gran
acierto en este anteproyecto establecer varias vías diferentes a partir de los
15 años. Esta diversidad empezara en 3º de la ESO, donde se podrá elegir entre
dos tipos de Matemáticas, aplicadas y académicas. También se podrá elegir entre
dos materias de modalidad: Diseño y tecnologías o utilización de las TIC. La
diversidad aumentara en 4º de la ESO donde habrá materias comunes y dos bloques
diferenciados, uno para seguir en Bachillerato y otro para acceso a FP de grado
medio. Este sistema hará que mas alumnos puedan obtener el título de la ESO.
-
Los resultados de
las evaluaciones de final de etapa y diagnosticas que se realicen serán puestos
en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores educativos. De
este modo las familias tienen derecho a conocer el rendimiento académico de los
centros escolares antes de conocer a sus hijos. Las comparaciones entre los
centros escolares se deben hacer comparando centros con el mismo contexto
social y económico. El resultado de un año no es lo más importante, lo más
importante es su tendencia a lo largo de los años.
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